Qué Hacemos

jun - 28 | Archivo en: | Dejar un comentario 

 

NUESTRO OBJETIVO

“Prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y los actores del territorio, como garantes de estos derechos en el espacio local”

La acción desarrollada por la OPD se organiza en relación a  dos componentes:

a)      Componente de Protección de Derechos Vulnerados, cuyo objetivo es brindar atención legal, psicológica y/o social a los niños, niñas y jóvenes de la comuna de San Joaquín, que presentan una situación de vulneración de derechos.

b)      Componente de Gestión Intersectorial y Articulación Territorial, cuyos objetivos son:

Desarrollar una Política Local de Infancia

Fortalecer y potenciar las Redes de trabajo.

Promocionar el enfoque de derechos y generar un lenguaje común para abordar la realidad de niños, niñas y adolescentes.

Promover la participación infantil, familiar y comunitaria.

Promocionar las competencias de padres y madres.

 

 

LA PROTECCIÓN DE DERECHOS

 

¿Qué se entiende por vulneración de derechos?

Al hablar de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, se hace referencia a cualquier situación en la que se transgredan y/o incumplan estos derechos, establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la que fue ratificada por nuestro país en el año 1990.

Desde el SENAME[1], se ha establecido una categorización respecto a las situaciones de vulneración de derechos que afectan a niños, niñas y adolescentes, basadas en el nivel de complejidad que ellas revisten[2] y en las que corresponde intervenir a las Oficinas de Protección de Derechos:

a)      Baja complejidad: presencia de situaciones y/o conductas que se constituyen en señales de alerta a considerar, pero que no provocan un daño evidente en niños, niñas y adolescentes en lo que al ejercicio de sus derechos se refiere. Corresponden a situaciones de interacción conflictiva con la escuela (conflictos entre pares, docentes o directivos), inasistencias moderadas a clases, maltrato psicológico y físico leve (propensión a castigos físicos inadecuados, sin implicar un riesgo evidente en el niño, niña o adolescente), negligencias leves por desorganización de los padres y en general todo tipo de vulneraciones leves.

 

b)      Mediana complejidad: Presencia de situaciones y/o conductas que se constituyen en evidentes señales de alerta de cronificación de vulneraciones de derechos ya presentes, que provocan daño y/o amenazan los derechos de niños, niñas y adolescentes. Corresponden a testigos y víctimas de violencia intrafamiliar (violencia física y psicológica no constitutiva de delito, situaciones prolongadas de inasistencias de los niños/as a clases, bullying, negligencias parentales que implican un perjuicio en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, asociados a otros factores de mediana complejidad; en general, todo tipo de vulneración que implique un daño en el niño, niña o adolescente sin llegar a constituirse en una situación grave o que implique un mayor riesgo.

 

En estos dos casos, la OPD realiza intervenciones psicoeducativas y de derivación a la red institucional local .

Desde el punto de vista jurídico, sólo se interpone una medida de protección en los casos de mediana complejidad, si habiéndose efectuado la intervención de la OPD no se logra la restitución del derecho vulnerado (a través de la resolución dictada por el Tribunal de Familia competente se adoptan las medidas que permitan la restitución del derecho vulnerado).

 

 

c)       Alta complejidad: presencia de situaciones y/o conductas que vulneran gravemente los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos vinculados a la integridad física y/o psicológica. Corresponden a vulneraciones en la esfera de la sexualidad, deserción escolar, situaciones de consumo problemático de alcohol y drogas de los niños, niñas y adolescentes y/o los padres o cuidadores, antecedentes delictivos, socialización callejera asociada a algunos de los factores anteriormente señalados, abandono total o parcial.

 

En estos casos, la intervención de la OPD desde el punto de vista jurídico consiste en interponer la medida de protección, indicando las medidas que serían necesarias a adoptar en ese caso para obtener la restitución del derecho vulnerado, lo que se materializa en la resolución que dicte el Tribunal de Familia competente.

La OPD realiza acompañamiento asistido a niños, niñas y adolescentes mientras son acogidos por los Programas especializados que les brindarán el apoyo reparatorio requerido.

 

El abordaje de estos tres niveles, supone la articulación programática, la acción de una fuerte red de recursos intersectoriales, el concurso de las familias y el rol activo de los actores de la comunidad emplazados en el territorio y el protagonismo de los niños, niñas y adolescentes[3].

 



[1] Carta 3008, DRM SENAME, 4 de septiembre de 2012.

[2] Protocolo de procedimiento interno OPD San Miguel 2012 – 2015